Hasta el día de hoy, Chihuahua es de los pocos estados del país que no ha podido definir una Política Estatal Anticorrupción (PEA). Una política pública representa el compromiso de un gobierno para resolver los problemas que nos afectan a todos. En gobiernos que se dicen profesionales y democráticos, los servidores públicos toman en consideración las preocupaciones que expresan las personas, hacen diagnósticos y análisis técnicos que después transforman en propuestas orientadas a generar cambios positivos a favor de las personas. Cuando el compromiso es real, esas políticas se plasman por escrito y se establecen tiempos para cumplirse, personas responsables y formas de medir los avances.

En este sentido, esperaríamos que los entes públicos que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción ya se hubieran comprometido con las personas que habitamos en este estado a realizar acciones concretas, coordinadas, eficaces y pensadas para atacar las causas de corrupción e impunidad de la que estamos hartos las y los chihuahuenses. Pero eso no ha ocurrido.

Los chihuahuenses merecemos una Política Anticorrupción que nos diga entre otras cosas, qué se hará para: garantizar que la información que publique el gobierno sea real, completa y oportuna (Ichitaip); mejorar los procesos de investigación, conformación de expedientes y demás acciones necesarias para disminuir los niveles de impunidad (Fiscalía Anticorrupción y Tribunal de Justicia Administrativa); asegurar que las personas tengamos formas seguras para denunciar abusos de funcionarios públicos del ámbito municipal y estatal; que los servidores públicos no sean protegidos o sancionados injustamente y que sepamos qué sucede con las denuncias que hacemos (Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior del Estado); generar mayor confianza en los jueces que resuelven los casos (Consejo de la Judicatura); mejorar servicios, coordinar acciones, facilitar la supervisión ciudadana y medir resultados.

En diciembre del 2020, el Comité de Participación Ciudadana, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, presentó al Comité Coordinador una propuesta de política que tomó como insumos principales: encuestas a más de 11,000 personas (incluidas servidores públicos), entrevistas a profundidad así como ejercicios de democracia deliberativa. Desde entonces, no ha sido posible concretar el análisis técnico de algunos entes públicos que permitan mejorar la propuesta inicial y llegar a acuerdos.

Nosotros, como parte ciudadana del sistema, percibimos que los titulares de los entes públicos que conforman el Comité Coordinador son personas idóneas para desempeñar su puesto; pero nos preocupa la lentitud de un proceso que urge concretar.

La falta de planeación y compromisos conjuntos de las dependencias en las cuales recaen estas responsabilidades dejan en indefensión a las personas que vivimos las consecuencias de la mala administración pública. Por eso, el Comité de Participación Ciudadana seguirá insistiendo en la urgencia de que Chihuahua tenga una Política Estatal Anticorrupción.

Columna originalmente publicada en El Heraldo de Chihuahua