El día de hoy por cuarta vez las 6 personas que integran las instituciones de gobierno dentro del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción decidieron no asistir a la convocatoria de Sesión para discutir sobre la posibilidad de aprobar o rechazar el hacer una Audiencia Pública sobre la Política Estatal Anticorrupción. Una vez más solo la parte que representa al Comité de Participación Ciudadana asistió, lo peor es que está reunión estaba agendada desde el 28 de febrero de 2022, es decir hace 207 días. Esa agenda la aprobaron 5 de las 6 autoridades de gobierno que al día de hoy son parte del Comité Coordinador.
Anexamos el voto del calendario de sesiones para el año 2022 en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador.
Además compartimos el video de la novena sesión ordinaria del Comité Coordinador donde se constata que las autoridades de gobierno prefirieron hacer vacío que discutir si se llevaba a cabo la primera Audiencia Pública de un tema relacionado al Sistema Anticorrupción.
Por último se le respondió a las personas solicitantes.
El día de hoy se envió una propuesta de Sesión Ordinaria porque no se logró tener quórum de al menos 4 personas del Comité Coordinador para llevar la sesión extraordinaria ni el día lunes 19 ni en las 2 opciones que propusimos. En la misma se invitó a la presidencia del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana misma que se perdió una vez más en la convocatoria que mandó la Secretaría Ejecutiva.
Una audiencia pública es un canal de diálogo entre las autoridades y las personas de un territorio donde se pueden resolver conflictos y controversias. Es un evento en el cual las personas convocan a la autoridad para preguntarle sobre algún tema de interés público en específico y que esta dé respuesta frente a la ciudadanía, es decir, es un instrumento de rendición de cuentas.
Las Audiencias públicas son uno de los mecanismos que desde 2018 la Ley de Participación Ciudadana nos brinda como herramienta para que las personas usemos nuestro derecho humano a participar en los asuntos que nos interesan a todas las personas que habitamos Chihuahua.
De ahí que en nuestro estado el gobierno está obligado a garantizar la participación ciudadana y a buscar cómo sí se dé.
El 19 de julio de este año se pidió por primera vez una audiencia pública con una instancia colegiada, en este caso, con las instituciones que trabajamos en la política anticorrupción del estado.
Tristemente en este primer momento, la respuesta que recibió la sociedad fue un NO. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, al recibir la solicitud contestó que “no tenía las facultades para convocar a una Audiencia Pública con las autoridades que definen el tema en el estado”.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, como todas las autoridades en el estado, está obligada a respetar la ley y el reglamento de participación ciudadana para garantizar que sea lo menos complicado y lo más rápido para la gente.
Como cualquier otra autoridad, la Secretaría está obligada a cumplir varias cosas: Tiene un máximo de 5 días hábiles para revisar si tiene facultades para hacer la audiencia. En caso de no tenerlas, dentro de esos 5 días tiene que avisarle a quienes solicitaron que no es competente pero también está obligada a decirle cuál autoridad sí puede hacerlo y a ponerles en contacto.
Y justo ese fue el problema, que la Secretaría ni avisó a los 5 días hábiles ni le dijo con quién sí dirigirse. Es más, se tardó diez días hábiles y solo dijo que no podía. "Ahí arréglatelas como puedas" parece que fue el mensaje entre líneas.
Pasaron 38 días para que las personas que solicitaron la audiencia pudieran ponerse en contacto con la autoridad que sí era competente, esto por sus propios medios y no gracias a la Secretaría.
Esto es una violación a los derechos humanos de estas personas, porque por 38 días se les trajo de arriba para abajo, sin saber a quién dirigirse ni de qué manera hacerlo.
Y así llegamos al 09 de septiembre donde se pide de nueva cuenta una audiencia pública para dialogar sobre la Política Anticorrupción, pero esta vez se le pidió a la Presidencia del Sistema. O sea, a mí, René Moreno.
Buscando que sí se lleve a cabo esta audiencia y defender los derechos humanos de las personas, se le pidió a la SESEA que corrigiera lo siguientes puntos en la solicitud: que se agregara a la Fiscalía Anticorrupción dentro de las autoridades convocadas y que se incluyera la información que les había entregado la Secretaría Ejecutiva anteriormente.
El 13 de septiembre, ya con las correcciones, desde presidencia pedimos convocar a una sesión extraordinaria con las personas que trabajamos en definir la política anticorrupción y darles una respuesta a las personas solicitantes.
En esta sesión nos reuniremos el Comité Coordinador del Sistema, o sea, las 7 personas que tomamos decisiones sobre anticorrupción en el estado. Además para esta ocasion pedimos tener como invitadas a la presidencia del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana y a la Defensoría Pública de Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense del IEE. Desde esta presidencia, la respuesta es clara, la audiencia pública va porque va.