El ataque a la autonomía técnica y de gestión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción es un ataque frontal a un modelo que fue diseñado para ser encabezado por la sociedad organizada y no un esquema que ha demostrado ser inviable en el pasado como el centralizar la respuesta anticorrupción desde los palacios federales o estatales.

El absorber a la Secretaría Ejecutiva dentro del aparato estatal central significa retroceder en lo poco que se ha podido trabajar en construcción de gobernanza y confirma que a los gobiernos, no les interesa cogobernar con las personas sino dar golpes de autoridad disfrazados de austeridad gubernamental, que es el mismo embate que venimos presenciando desde la llegada de las políticas de ajuste estructural, empaquetadas en la etapa neoliberal.

Esto es preocupante pues la Secretaría Ejecutiva además trabaja en la generación de los proyectos de combate a la corrupción junto con el Comité de Participación Ciudadana lo que significa que en los hechos se va a convertir en un freno adicional a la hechura de políticas que tomen en cuenta estrategias desde las personas y no solo desde el escritorio del ejecutivo.

Desde su creación el Sistema ha sido boicoteado para que no pueda operar ya sea rechazando los exhortos, recomendaciones no vinculantes o propuestas de políticas trabajadas desde la parte ciudadana. Este último paso cierra la pinza del control sobre el mismo con el aseguramiento del proceso de generación de proyectos para solo pasar a discusión los que tengan el aval de palacio aunque no sean las mejores propuestas.