De manera proactiva se inicia con la publicación del reporte de actividades del integrante del Comité de Participación Ciudadana René Moreno Medina. Se estarán actualizando con una periodicidad mensual a partir de diciembre de 2021 y a manera de archivo las actividades de 2020 y de 2021 (hasta noviembre). Este es un ejercicio en constante mejora y por lo mismo es posible y esperable que la información aquí vertida se vaya ampliando y mejorando con el paso del tiempo.

Actividades del año 2020

Al inicio del año 2020 el trabajo consistió en generar la propuesta de Informe Anual 2019, esto como parte del trabajo de la Comisión Ejecutiva. Junto con la propuesta de Informe 2019 también se propusieron las 17 recomendaciones no vinculantes originales que fueron subidas al Comité Coordinador. 

El trabajo original que se desarrolló en la Comisión Ejecutiva no fue aprobado por el Comité Coordinador y las propuestas de recomendaciones no vinculantes fueron desechadas en su mayoría sobreviviendo solo 9 de 17 y esas 9 siendo fuertemente modificadas.

Debido a esto se optó por relanzar el Informe enviado al Comité Coordinador en una versión ciudadana con el contenido original sin modificar por el Comité Coordinador y con todas las recomendaciones originales para que la sociedad en su conjunto conociera del trabajo propuesto generando el portal https://informe2019.anticorrupcion.org

En febrero y marzo se estuvo trabajando en una propuesta de Contraloría Social a nivel municipal que unía el trabajo realizado en las plataforma desarrollada por Karewa CUU AC denominado Monitor Karewa con la presentación de denuncias por faltas administrativas, la propuesta se denominaba Marabunta y consistía en entrenar a estudiantes de universidades en cómo retomar contralorías sociales ya revisadas en los Rally Karewa y agregar elementos de prueba para generar una denuncia para presentar en los Órganos Internos de Control.Para ello se desarrolló una identidad gráfica, así como se rentó un sitio en la ciudad de Chihuahua para realizar el trabajo que se llevaría a cabo como un hackaton de denuncias de 3 días. Desafortunadamente en esas fechas (25 al 27 de marzo de 2020) fue cuando la emergencia por COVID-19 obligó a eliminar los eventos presenciales en el Estado de Chihuahua. Sin embargo, compartimos el press kit para inversionistas del evento como evidencia del trabajo que se estaba realizando en conjunto con organizaciones de la sociedad civil como Karewa CUU AC y la Red por la Participación Ciudadana AC. En estos momentos se está buscando relanzar la propuesta de Marabunta adaptándola al entorno digital suponiendo que la “normalidad” no se va a alcanzar este 2021.

A la par que se trabajaba en Marabunta junto con el proyecto Promoviendo la Transparencia y al Instituto de Resultados Rápidos se estuvo trabajando en el Reto de los 100 días en temas anticorrupción para dinamizar al Sistema Estatal Anticorrupción quedando como responsable del reto 3 que consistía en generar un paquete normativo anticorrupción para mejorar el combate a la corrupción en el Estado de Chihuahua. Originalmente se propuso impulsar 5 leyes entre las que se incluían una reforma a Ley de Participación Ciudadana; una reforma a Ley Electoral en materia de elección directa de regidoras y regidores; una propuesta de reforma a la Ley de Adquisiciones del Estado de Chihuahua en temas como las excepciones a la licitación pública; una propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano; un Reglamento Modelo de los municipios en temas de Control Interno; todos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y de funcionarias y funcionarios de las partes que integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Desafortunadamente las partes que integran al Comité Coordinador usaron como excusa la pandemia para cancelar su participación en el reto de los 100 días lo que dejó solo a las organizaciones de la sociedad civil a cargo de impulsar los paquetes normativos.

De la mano de Plan Estratégico de Juárez y en conjunto a más de 70 organizaciones se hizo realidad la propuesta de iniciativa de ley denominada #YoElijoRegidor, que retomó la idea de reformar la ley electoral para la votación directa de regidoras y regidores. Se puede consultar más acerca de la misma en https://regidor.mx/yoelijo/

Con el equipo de Karewa CUU AC se estuvo trabajando por varios meses en intentar lanzar una propuesta de reforma a la Ley de Adquisiciones del Estado pero a pesar de múltiples reuniones y mucho avance en las mesas de trabajo no se logró aterrizar en una propuesta para subir al Congreso del Estado de Chihuahua.

Con Plan Estratégico de Juárez se estuvo trabajando en revisar la Ley de Participación Ciudadana, estos trabajos fueron acompañados por organizaciones y otras instituciones públicas como el IEE pero al igual que el caso con la Ley de Adquisiciones no se logró aterrizar en una propuesta firme de reforma a pesar de pasar múltiples reuniones de trabajo colegiado. En últimas fechas se está trabajando un nuevo acercamiento pero ahora a nivel de reglamentos municipales de Participación Ciudadana para fortalecer las figuras municipales como Cabildo Abierto o Contraloría Social, esto acompañando a la Sindicatura de Chihuahua en las reuniones de Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Gobernación en el Ayuntamiento de Chihuahua, las reuniones continúan en marzo 2021.

Junto con el equipo de Promoviendo la Transparencia se intentó rescatar el reto 3 y con financiamiento de USAID se pudo contratar a 2 especialistas para empujar 2 leyes diferentes, se decidió por intervenir en el Código Municipal para adecuarlo a los nuevos Órganos Internos de Control que pide la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por otro lado con la entrada de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua al agregarle componentes anticorrupción. Ambas propuestas lograron llegar al Congreso y están en proceso de discusión.

Además se realizó la campaña para dar a conocer la propuesta de ley en materia de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para esto se desarrolló la identidad y campaña denominada #RecuperemosNuestroTerritorio que busca recuperar el control democrático sobre el desarrollo de nuestras ciudades. Se puede consultar el kit de prensa así como el sitio web de la iniciativa.

En marzo redacté para la Comisión Ejecutiva una opinión técnica sobre violaciones al principio de gratuidad de 27 municipios y del gobierno del estado en sus leyes de ingresos, esto resultó en el ICHITAIP recomendando a los mismos para que en futuros ejercicios de generación de leyes de ingresos los municipios y el gobierno del estado no cayeran en violaciones constitucional al principio de gratuidad.

En agosto de 2020 fui invitado para platicar sobre los Órganos Internos de Control por la Red por la Participación Ciudadana.

Con la llegada de la pandemia por COVID-19 se buscaron nuevas formas de asegurar la participación ciudadana y el realizar contraloría social. Se propuso la creación de cartas de exigencia desde organizaciones de la sociedad civil al Gobierno del Estado y a 5 municipios del estado. Estuve a cargo de la coordinación para volver realidad la anexión de las organizaciones a las cartas. Junto con un grupo multidisciplinario de personas que son integrantes de los equipos de comunicación de Plan Estratégico de Juárez, Karewa CUU AC y del CPC trabajamos en la identidad gráfica de las campañas de ambas exigencias.

Al ver que el gobierno se tomaba atribuciones fuera de la ley al reformar el presupuesto de egresos 2020 redacté un análisis donde expuse las violaciones a la Constitución que se estaba llevando con ese caso. Ese análisis se le compartió al Congreso del Estado y al Gobernador.

Junto con la Comisión Ejecutiva se realizó un análisis de los riesgos de corrupción que existían en el Estado con la pandemia COVID-19, principalmente preocupaba la aprobación de un lineamiento de compras públicas inconstitucional denominado Acuerdo 058/2020.

Al ver que no se estaba tomando en serio los análisis de riesgos examinados se decidió acercarse al Despacho de Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y pedir el amparo de la justicia federal en los 2 casos anteriores, la reforma al presupuesto de egresos 2020 y la aprobación del Acuerdo 058/2020 por lo que se trabajó en generar un Amparo contra las acciones del Gobernador del Estado, del Congreso del Estado y del Secretario de Hacienda Estatal.Para mejorar la pedagogía sobre los riesgos de corrupción en tiempos del COVID-19 propuse coordinar un foro con especialistas a nivel nacional en el tema y quedé encargado de invitar a las personas especialistas así como de encontrar a la maestra de ceremonias, junto con mi equipo de trabajo, generamos la identidad del foro que denominamos Vacuna la Corrupción, la transmisión original se hizo por Facebook.Con todo lo aprendido sobre el COVID-19 y los riesgos de corrupción pedí que se hiciera una sesión extraordinaria con un formato más dinámico a esa le denominamos Expedientes Secretos COVID, construimos con el equipo de comunicación la identidad de la misma y fue la primera vez que usamos una transmisión personalizada de ZOOM usando Wirecast.

Con la buena experiencia del nuevo formato propuse que valía la pena relanzar las sesiones del CPC con una nueva identidad más fresca a esas sesiones les denominamos Las Personas VS la Corrupción y fue el inicio de capítulos temáticos en las sesiones del CPC (empezamos en agosto 2020 con esta propuesta). Es un trabajo en proceso y estamos tratando mes con mes de afinar la sesión.

En agosto junto con mi equipo de comunicación diseñamos el formato digital de las mesas de trabajo para la Política Estatal Anticorrupción, fueron 16 mesas mismas que tuve que apoyar con la mitad del costo de las transmisiones. Adjunto un ejemplo de las mesas de trabajo.

Para lograr convencer a personas comunes de que participaran en las mesas de trabajo de la Política Estatal Anticorrupción financié aleatoriamente a 7 personas que fungieron como parte del Jurado Ciudadano con una beca personal de 3,000 pesos por cada integrante del Jurado Ciudadano.

Una vez que terminaron las 16 mesas de trabajo junto con mi compañera Carmen Álvarez y el equipo de la Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción trabajamos en la redacción del documento de la Política Estatal Anticorrupción respetando las acciones de política pública votadas por el Jurado Ciudadano terminando en diciembre con ese trabajo.

En octubre de 2020 participé como panelista en el Foro Participación Ciudadana Contra la Corrupción de Plan Estratégico de Juárez.

Actividades del año 2021

Enero y febrero fue el periodo para trabajar en el Informe 2020 del CPC que para este año pasó de 4 páginas a 83 en un formato que pone en primer lugar la sencillez y la claridad de los mensajes, fue un trabajo de prácticamente 6 semanas de tiempo completo con mi equipo de comunicación. Está pensado para leerse en celulares.

En febrero participé en la sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana denunciando  violaciones de los municipios de Chihuahua, Delicias y Juárez a la participación ciudadana que conlleva riesgos de corrupción en temas como la definición del presupuesto de egresos.

En marzo estuve revisando cómo opera en los hechos el principio de publicidad procesal del Sistema Penal Acusatorio en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Esto lo realicé de manera preliminar de varias formas diferenciadas:

1. Hice una investigación preliminar de estadística judicial para ver que existe sobre el tema medido de publicidad de las audiencias.
2. Hice una revisión documental del contenido de algunas sentencias publicadas en el portal del Tribunal Superior de Justicia específicamente en la etapa de sentencias en Primera Instancia (Juzgados de Control donde se fue a Procedimientos Abreviados).
3. Realicé una revisión a las solicitudes de transparencia presentadas al Tribunal Superior de Justicia sobre Publicidad Procesal, específicamente si la persona solicitante pedía información audiovisual sobre audiencias iniciales, intermedias o de juicio oral sobre un caso en particular y la respuesta otorgada por el Comité de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia.
4. Por otro lado asistí a diversas audiencias de procedimientos penales en el mes de marzo de 2021 como asistente (público en general) a las mismas según lo que marca el artículo 5º primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales para ver cómo se estaban llevando las mismas con las medidas de contingencia por la pandemia por COVID-19 y como era la experiencia como público en general en las mismas.
5. Realice una revisión de derecho comparado con otros países (principalmente Estados Unidos de América y Perú) así como con otros estados del país (Nuevo León) para revisar cómo manejan el principio de Publicidad Procesal.
6. Revisé la facilidad para una persona del público en general de enterarse de las audiencias iniciales de una causa penal judicializada y el grado de sensibilización del personal del módulo de información así como la posibilidad de enterarse de las mismas en el portal de internet.
7. Consulté con algunos operadores del Sistema de Justicia la operación del principio de publicidad procesal en el Estado de Chihuahua.

Con esta información preliminar decidí consultar a especialistas en el tema a nivel nacional y para eso me comunique con Estefanía Medina y Adriana Greaves socias fundadoras de la organización Tojil AC que entre otras áreas de trabajo tiene enfoque en Justicia Abierta y las invité a la Sesión Ordinaria del CPC de marzo 2021.

La discusión se puede observar en la siguiente liga:https://youtu.be/vfesfPKeFCU?t=2113 De los resultados de esa sesión de trabajo se quedó en proponer un trabajo futuro coordinado con Tojil AC para hacer una propuesta al Poder Judicial de Chihuahua para mejorar en temas de Justicia Abierta.

Por otro lado, hice un primer ejercicio de revisión de la cuenta pública 2020 para revisar cuánto dinero se movió en el Poder Ejecutivo para hacerle frente a la pandemia por COVID-19 sobre todo tomando de referencia el Plan Emergente de Apoyo y Protección de la Salud, el Empleo y el Ingreso Familiar. Esa revisión preliminar se usó para 2 reuniones, una con el Coordinador de Gabinete del Poder Ejecutivo y otra con personal de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Lo que se encontró es que, por ejemplo, las modificaciones al presupuesto 2020 en ampliaciones presenta comportamientos de aumentos en el área de salud 4 veces superiores a lo que marcan los entes en la página de transparencia del COVID-19 de Gobierno del Estado. Debido a que a decir del Coordinador de Gabinete aún no tenían toda la información consolidada en el portal de transparencia sobre el COVID-19 le dimos una prórroga  para tener una junta de manera posterior para hacer la consolidación de esa información y que aclare las diferencias.

Estuve revisando vía solicitudes de transparencia una de las contrataciones de la emergencia por COVID-19 que se hizo, específicamente en el tema de adquisiciones de Pruebas Rápidas para detectar el COVID-19 para revisar el grado de cumplimiento con la ley en esas adquisiciones, esto vía una batería de solicitudes tanto a la COFEPRIS como a Servicios de Salud del Estado de Chihuahua. Esta información ha sido parcialmente respondida y a la fecha COFEPRIS presentó una solicitud de prórroga por hasta 10 días hábiles. En cuanto se integre toda la evidencia se hará la denuncia correspondiente ante la Auditoría Superior del Estado.

He estado acompañando a un grupo de denunciantes ante un caso de posible corrupción en la Ciudad de Chihuahua, actualmente se cuenta ya con evidencia suficiente, recolectada por mi parte y por parte del grupo de denunciantes, pero se requiere asegurar la cadena de custodia de la misma para que se pueda usar en procedimientos tanto administrativos como penales. Probablemente se requerirá hacer un peritaje informático y para eso se tendrá que ver la forma de fondear el mismo.

De la denuncia que presentamos en septiembre de 2018 ante la SFP y ASE por posible corrupción en la Coordinación de Comunicación Social hemos recibido respuestas favorables pues en el caso de la ASE la misma sirvió para generar incluso una denuncia penal que al día de hoy ya está con una carpeta de investigación judicializada y en espera de que se lleve a cabo la Audiencia Inicial. En el caso de la SFP nos enteramos que este mes se logró avanzar a generar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se encuentra en proceso de Sustanciación ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Sobre el amparo que tenemos presentado por violaciones del Gobernador del Estado; el Secretario de Hacienda y el Congreso del Estado por temas relacionados a la Contingencia por COVID-19 un Tribunal de Circuito del Poder Judicial de la Federación destrabó nuestro amparo y permitió que se inicie con el pedido de Informe Justificado a las 3 partes. En este trabajo he estado colaborando directamente con el equipo de Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Asistí a la Sesión Ordinaria del Comité Coordinador donde intenté sensibilizar a las personas que lo integran al discutir en la aprobación de las Recomendaciones No Vinculantes del Informe 2020 que muchos de los cambios que proponían a las mismas dejarían sin sustancia a las mismas.Se puede ver esa defensa en el siguiente video de la Sesión de marzo 2021 del Comité Coordinador:https://www.facebook.com/SESEAchihuahua/videos/3918345081556796 Lo ideal sería que desde el CPC pudiéramos generar Recomendaciones No Vinculantes pues así no tendríamos un freno institucional que muchas veces se opone a generar cambios que a su vista puedan resultar incómodos. Desafortunadamente el bloqueo deviene desde la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que a mi punto de vista es un error de diseño brutal del Sistema que resta operatividad real y “dientes” a la parte ciudadana.

Como todos los meses coordiné la parte de la transmisión de la sesión mensual (la misma donde participó Tojil AC) bajo la imagen “Las Personas VS la Corrupción”.

Junto con su SAI del mes pasado respondí de manera personal 17 solicitudes de acceso de información que llegaron prácticamente el mismo día. Debido a la situación legal que presenta el CPC con la SESEA el trabajo relacionado con el mismo lo tenemos que hacer las personas que integramos el mismo como integrantes. Esto afecta la operatividad del mismo pues no tenemos personal de apoyo para actividades como esta, darle mantenimiento al sitio web del CPC, etc. Eso me tomó aproximadamente 30 horas de trabajo (incluyendo una desvelada para cumplir con los plazos internos que no pide la SESEA). Lo más problemático es que la Solicitud al CPC nos llegó faltando 2 días para responderle, debido a que el acceso a la Plataforma de Transparencia lo maneja la unidad de transparencia la cual es completamente independiente y ajena a nosotras y nosotros como integrantes del CPC. Esto en los hechos hace materialmente imposible que le pudiéramos responder en tiempo y por lo mismo le solicitamos al Comité de Transparencia de la SESEA que pidiera una prórroga para poder contestarle.Por lo mismo, le hice la propuesta a la presidencia del CPC de celebrar convenios con las universidades, para poder tener servicio social que nos pueda ayudar entre otras a las siguientes tareas:

• Generar las versiones estenográficas de las Sesiones Ordinarias del CPC así como de las reuniones de la Red Anticorrupción.
• Ayudarnos a subir el contenido al sitio web del CPC.
• Realizar en su caso las versiones públicas de los documentos que se pidan por transparencia.
• Ayudarnos a generar el Archivo del CPC.
• Ayudarnos con la parte operativa de la respuesta a las solicitudes de transparencia.

Esto se aprobó por unanimidad en la sesión de marzo de 2021 pero a la fecha no se ha logrado firmar ningún convenio con Universidades para hacer realidad el tema. Creo que esto es algo de alta importancia porque como comprenderá es materialmente imposible dedicarse a hacer las tareas sustanciales del encargo y al mismo tiempo las funciones de soporte que necesita el CPC para funcionar y cumplir de forma satisfactoria al mismo. La manera que he intentado resolver lo mismo ha sido de mis propios fondos pagar al menos 26,500 pesos al mes solo para cubrir la parte de comunicación mínima que consiste en las sesiones mensuales, elaboración de algunas campañas.Para sincerarme con usted persona solicitante, creo que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene muchos errores de diseño y uno es que aunque en el nombre “Comité” parecería que tenemos una estructura orgánica similar a la de un Órgano Garante como el de Transparencia, nada más alejado de lo mismo, pues fungimos como órgano auxiliar de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (lo mismo en el caso nacional). A diferencia de un órgano garante donde quienes integran sus plenos tienen como órgano auxiliar a una Secretaría Ejecutiva propia que trabaja para volver una realidad la operación del Pleno y de sus proyectos. Aquí el trabajo depende de un Comité Coordinador que juzgue usted cómo ha sido su actuación en las últimas 2 solicitudes que pidió, le recomiendo leer el Informe Anual 2020 y la intervención en esta Sesión Ordinaria de marzo 2021 para las Recomendaciones No Vinculantes.Por mi parte he intentado de todas formas posibles el poder generar proyectos de política pública mismos que casi de forma sistemática son rechazados por el mencionado Comité Coordinador y cuando se hacen propuestas de Recomendaciones No Vinculantes para mejorar áreas de oportunidad las mismas son eliminadas de su sustancia por el mismo, dejándolas en lo que denomino caricaturas tristes de lo que fueron sus propuestas originales.

Entre marzo y abril el esfuerzo fue realizar productos comunicacionales para hacer pedagogía sobre la Política Estatal Anticorrupción mismos que se finalizaron en mayo 3 de 2021. Estos productos una vez más son autofinanciados del pago de honorarios. Ahí radica la diferencia de diseño entre un Órgano Garante de transparencia y un ente como el CPC, dudo que en algún momento un integrante de Órgano Garante haya tenido que autofinanciar sus proyectos de Política Pública como ha sido la constante desde que ingresé al CPC desde marzo de 2018. Los productos de este proceso fueron 3: 2 presentaciones hechas para públicos un poco más especializados (empresarixs y personas de academia) y un video explicativo para público en general, anexo los materiales.

• Presentación de puntos importantes de la PEA para academia
• Presentación de puntos importantes de la PEA para sector empresarial

Hablando de los materiales de la Política Estatal Anticorrupción este es un buen momento para explicar qué ha pasado con ella en el año 2021 para esto sirve mucho poner un calendario para explicar mejor esto:

Es importante recordar que el documento de la PEA se envió el 17 de diciembre de 2020 al Comité Coordinador y al mismo tiempo a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) para que hicieran un análisis de la alineación de nuestro documento con su Política Nacional Anticorrupción.

El documento que mandamos a la SESNA desde la Comisión Ejecutiva fue este.

El dia 21 de enero de 2021 tuvimos una primera junta con el equipo de la SESNA para discutir sobre los temas que veían de nuestra Política Estatal Anticorrupción y viendo varios cambios de forma pero no de fondo junto al gran equipo de Riesgos y Políticas de la SESEA nos pusimos a armar un plan de trabajo para adecuar el documento como lo quería la SESNA, eso nos tomo buena parte de enero, febrero y marzo, llegando finalmente a una sesión clave de la Comisión Ejecutiva el 17 de marzo de 2021 donde llegamos a un plan de trabajo que llegaría a una potencial aprobación de la PEA en mayo de 2021.

Con algunos contratiempos al programa planteado el 17 de marzo llegamos al punto 3 "Envío y seguimiento con la SESNA" el dia 6 de abril de 2021 mandando los siguientes 2 archivos producto del trabajo de la Comisión Ejecutiva con un gran empuje del equipo de Riesgos y Políticas de la SESEA.

• Ficha de Recomendaciones a la PEA Chihuahua de la SESNA comentada por la SESEA
• Versión modificada de la PEA revisada por la Comisión Ejecutiva según lo pedido por la SESNA

De ahí el día 19 de abril tuvimos una segunda revisión con la SESNA via zoom donde terminamos de revisar los puntos quedando conforme las 2 partes y comprometiéndonos desde el SEA Chihuahua a hacer unas últimas modificaciones al documento.

Esto requirió unas últimas sesiones de trabajo de la Comisión Ejecutiva para cumplir el punto 5 del plan de trabajo del 17 de marzo de 2021 el dia 27 de abril de 2021 logrando para ese momento generar una metodología para la última etapa de avance del documento de propuesta de la PEA, la aprobación por el Comité Coordinador. Les enviamos 3 documentos al Comité siendo los siguientes:

• Versión modificada de la Política Estatal Anticorrupción al 27 de abril de 2021 de acuerdo a la última reunión con la SESNA.
• Observaciones a la propuesta de PEA Chihuahua por parte de la SESNA
• Propuesta de Metodología de Mesas de Trabajo de la Comisión Ejecutiva al Comité Coordinador rumbo a la aprobación de la PEA

Quizás lo más importante de los 3 documentos fue la propuesta de metodología de mesas de trabajo que incluía en primer lugar la participación del Jurado Ciudadano para que diera un acompañamiento final al proceso y ayudara a sensibilizar a la parte tomadora de decisiones de la visión de las personas comunes en la hechura de políticas públicas.

Desfortunadamente de aquí en adelante llegó lo que denomino:

Los tiempos más oscuros en el proceso de la PEA hasta el momento todas las 6 cabezas del Comité Coordinador que son de las instituciones impusieron una contrapropuesta a la que hizo la Comisión ejecutiva el 27 de abril de 2021 en la sesión ordinaria del 14 de mayo de 2021 que eliminaba la participación de personas ajenas al Comité Coordinador de la ultima etapa de discusión a mi parecer violando la constitución del Estado de Chihuahua que pone a nivel de derecho humano la participación ciudadana.

En su lugar propusieron una metodología de reuniones con enlaces y el CPC para revisar cada acción en especifico y en eso se fueron hasta el dia que se ha actualizado este texto, 17 reuniones plenarias y 6 reuniones de trabajo especificas, esto solo en reuniones ha llevado aproximadamente 42.5 horas pero hasta la fecha solo llegando a discutir apenas entre 11 y 16 acciones de las 37 que componen el documento. Para cada una de esas reuniones se necesitan en promedio 12 horas de preparación de materiales para defender los puntos, es decir, esta metodología ha llevado aproximadamente 276 horas de preparación y aun asi no se ha podido terminar de aprobar el documento por 2 razones principales:

1. Hay una asimetría de tiempo dedicada, por un lado tiempo completo por parte del CPC pero por otro lado solo el tiempo que queda disponible por los enlaces de las partes de las instituciones del Comité Coordinador, en varias ocasiones afirmando en estas reuniones los enlaces que no pueden dedicar mas tiempo del que ya han dado a reunirse.
2. Al menos 2 de los entes al dia de hoy no han entregado su revisión sobre las acciones propuestas en la PEA, esto a pesar de que van 12 meses que tienen en su poder el documento y de que ninguno de estos entes ha cambiado de titulares, estos entes son la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Hay un tercer ente que al día de hoy solo tenemos evidencia de que ha revisado a cabalidad una sola acción de las 37 y se trata del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua.

Analizando esto solo se puede considerar la metodología propuesta el 14 de mayo de 2021 de una manera:

La propuesta colaborativa que propusimos desde la Comisión Ejecutiva se terminaba en mayo de 2021 (anexo evidencia del cronograma propuesto):

Desgraciadamente al día de hoy la situación es peor pues el dia 22 de octubre de 2021 hubo una reunión de trabajo de titulares del Comité Coordinador donde de nuevo se impuso desde la parte de las instituciones por mayoría una metodología que al día de hoy ha resultado un total fracaso, donde a 12 meses de entregar el documento de propuesta y a pesar de la buena fe no se ha obtenido una colaboración suficiente por parte de las instituciones, en su lugar el trabajo se ha vuelto más opaco y con menor grado de participación de las personas que integramos el CPC.

Como resultado estamos en la penosa lista de los 13 últimos estados sin tener una PEA aprobada:

Y esto nos hace imposible cumplir con nuestro Programa Anual de Trabajo 2021 del CPC por causas que NO son atribuibles al CPC.

Peor aún es que desde la Comisión Ejecutiva que presido he pedido en varias ocasiones tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias que se transparenten las reuniones de trabajo con enlaces (plenarias y específicas) para revisión de la PEA y el Comité Coordinador en una reunión privada no grabada por mayoría de la parte de las instituciones decidió realizar una interpretación a todas luces violatoria del principio pro persona y del derecho al acceso a la información pública al querer reservar esta información por ser un proceso deliberativo lo que va en contra completamente de los compromisos ratificados por 🇲🇽 en temas de gobierno abierto.